Vanessa Maldonado Delgado. Cientista Político

A dos años de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.015 de Inclusión Laboral, que incentiva la contratación de personas en situación de discapacidad, en la cual se estipula que las Instituciones del Estado que cuentan con una dotación anual de 100 o más funcionarios, al menos el 1% de su dotación deben ser personas en situación de discapacidad, pese a la indicación de la ley el Estado sigue manteniendo una deuda al respecto, ya que de acuerdo al Análisis de Excusas de Cumplimiento del año 2019, solo 39 organismo cumplían con el 1%, de acuerdo a información del Servicio Civil, del resto de las instituciones no se encuentra información oficial del cumplimiento, donde se incluyen las Municipalidades, las cuales en muchas comunas son las principales fuentes laborales y poseen una planta superior al mínimo solicitado.

Si bien es cierto que el primer año en vigencia de la ley más de 12.000 mil personas en situación de discapacidad se encontraba trabajando, gran parte de ellos pertenecen al sector privado, siendo el sector publico quien tiene menores índices de inclusión, a pesar de que se ha ido avanzando en esta materia, a través de la incorporación en el Estatuto Administrativo de la prohibición de la “discriminación que se traduzca en exclusiones o restricciones, sean estas basadas en motivos de raza o etnia, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, discapacidad, religión o creencia, apariencia personal o enfermedad…que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo”, sin embargo hay aspectos del Estatuto que no han sido modificados y no permite que las personas con discapacidad puedan acceder, tal es el caso de los requisitos de ingreso “de salud compatible con el cargo” o “nivel educacional”, estos últimos factores influyen negativamente, ya que quedarían fuera quienes egresan de colegios especiales, esto porque al tener curriculum especiales adecuada a sus necesidades y al no ser homologable no les permite contar con enseñanza media completa.

¿Será en el proceso Constituyente que se de la oportunidad que el Estado realmente garantice la inclusión en todos los ámbitos social, cultural y laboral?. Eso lo sabremos hasta que tengamos la nueva constitución, mientras tanto el Sector Público debe seguir mejorando su sistema, partiendo por realizar modificaciones estructurales al Estatuto Administrativo que permita tener un acceso real a las personas en situación de discapacidad, incluyendo los diversos niveles educacionales, además es necesario que se cuente con la participación de las organizaciones sociales de forma permanente en el trabajo a desarrollar en materia de inclusión a nivel local, se debe contar con mejores herramientas que permitan verificar el cumplimiento de la ley por parte de los organismos públicos para cumplir con la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad.

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